El pasado 9 de abril de este año, el Juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, procesó a 11 altos cargos militares y policías marroquíes, por delitos de genocidio, en el Sáhara Occidental, entre 1975 y 1992 y, en algunos casos, por delitos de detención ilegal, tortura, asesinato y desaparición forzosa.
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| el Juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz |
Este procedimiento parte del hecho fundamental que supuso el hallazgo de una fosa común, en febrero de 2013, en el Sáhara Occidental, donde se hallaron 8 cadáveres, que fueron identificados por el ADN y por la documentación que llevaban en sus ropas, y exhumados por miembros de Hegoa, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad del País Vasco.
La Asociación de apoyo al Pueblo Saharaui y organizaciones pro-derechos humanos ya denunciaron, en 2006, a 31 cargos militares y policías marroquíes por la desaparición de 542 saharauis, desde el año 1975.
En el 2012, el Juez Ruz, a raíz de la Reforma de la Ley de Justicia Universal, con el apoyo de la Fiscalía, rechazó archivar esta causa porque cuando ocurrieron los hechos denunciados (en los años 70 y 80) el Sáhara Occidental era español, El Juez Ruz se consideró competente para investigar la querella porque el Sáhara Occidental era una provincia española en los años 70 y estaba legalmente administrada por España, en los años 80, Por otro lado, Ruz entendió que los hechos ocurridos a partir de 1976, fecha en la que el Sáhara Occidental dejó de ser español, estaban conexos con los iniciales, que fueron la invasión por parte de Marruecos del territorio saharaui, en octubre de 1975 (la Marcha Verde).
El Juez Ruz acordó la busca y captura e ingreso en prisión, a efectos de extradición, de otros 7 responsables de este genocidio, y dio por concluida la investigación iniciada por su antecesor, el Juez Baltasar Garzón, en 2007, a raiz de una querella interpuesta por la Asociación de Familiares de Presos y desaparecidos saharauis.
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| el anterior Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón |
