En diciembre de 2013, el Parlamento de la Unión Europea, por estrecha mayoría, ratificó el Protocolo al Acuerdo de Cooperación Pesquero entre Marruecos y la Unión Europea, permitiendo a los buques europeos pescar ilegalmente en aguas territoriales del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
Esta interpretación de la ley internacional revirtió una decisión anterior adoptada por el mismo Parlamento Europeo en 2011, por la que rechazó la ratificación del mismo acuerdo sobre la base de su ilegalidad. Esta última decisión dificulta las perspectivas de paz.
Las decisiones que toma la Unión Europea tienen un importante peso en el logro de una solución para el conflicto saharaui-marroquí. El efecto más alarmante es la señal inequívoca que se envía a Marruecos, que cubre de legalidad su ilegal ocupación y, por tanto, fortalece su sensación de impunidad y su capacidad para desafiar las normas internacionales.
Tanto el Consejo de Seguridad como el Parlamento Europeo están de acuerdo en que, antes de que se realice cualquier explotación de los recursos naturales saharauis, es primordial asegurar el respeto de ciertos principios básicos: el consentimiento del pueblo saharaui, la producción de beneficios a favor de la población saharaui, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. Ninguno de estos elementos básicos fueron respetados en este caso.
Todos los intentos de detener el acuerdo se vieron frustrados por argumentos de poderosos grupos de presión: las repetidas movilizaciones en los campamentos de refugiados saharauis y en los territorios ocupados del Sáhara Occidental fueron ignoradas de forma descarada y las apelaciones de organizaciones regionales como la Unión Africana tampoco fueron escuchadas.
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